Caracas.- A propósito las declaraciones del Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, Jesse Chacón, en las que responde el escrito que presentó Radio Caracas Televisión (RCTV), de fecha 24 de Enero de 2007, el canal considera que la respuesta es extemporánea.
A pesar de ello, destacó que con esta acción se facilita las gestiones ante los tribunales nacionales e internacionales.
Chacón aseguró ayer que el vencimiento de la concesión de RCTV era un hecho "natural e inexorable" y que el canal de servicio público funcionará en la señal del canal 2.
En la editorial del noticiero que transmite RCTV, se esgrime que la televisora cumplió con todos los requisitos necesarios para optar a la transformación de títulos establecida en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
"En virtud de dicho cumplimiento, el Estado tenía la obligación de transformar los títulos de RCTV antes del 12 de Junio de 2002, respetando sus derechos a continuar operando por al menos 20 años más, tal y como lo señalan las normas mencionadas por el propio Ministerio. Por lo tanto, esta respuesta del Ministerio es extemporánea y demuestra el incumplimiento del ente competente a sus obligaciones constitucionales y legales".
Destaca el editorial que Radio Caracas Televisión ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones constitucionales y legales. "No existe violación alguna por parte de RCTV que pudiese justificar el cierre de la misma, y así lo reconoce el propio Ministerio".
"No existe razón alguna para darle a RCTV un tratamiento diferenciado con respecto a los otros medios que están en sus mismas condiciones legales. Esto resalta el carácter discriminatorio de la amenaza de cierre contra RCTV, lo cual viola disposiciones expresas de la Constitución y las leyes venezolanas".
Continúa el escrito al concluir que con esta respuesta, "el Ministerio pone en evidencia el carácter de retaliación política de la amenaza de cierre contra RCTV. Además, viola disposiciones expresas de los Tratados Internacionales vigentes suscritos por Venezuela en materia de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión. Esta violación genera responsabilidades civiles, penales, administrativas y patrimoniales para los funcionarios responsables de las mismas.
"También se pretende privar al pueblo venezolano de su derecho a escoger libremente el canal de televisión de su preferencia".
Con base en esta respuesta presentada por el Ministerio, "procederemos a introducir las acciones legales, nacionales e internacionales, a que hubiera lugar, disponiendo ya de las pruebas que requeríamos para tales efectos".
